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En nombre de Malvinas: ¿quién decide qué es desinformación?. 18/9/2026

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso incorporó grotescamente unos artículos fuera de lugar  en la propuesta Malvinas. La iniciativa propone penas de entre cinco y doce años para quien, actuando por cuenta, orden o con financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero, realice actividades destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva.

La protección del país en la causa Malvinas es un objetivo legítimo del Estado. Pero cuando un proyecto incluye conceptos como: información,  opinión pública, en un país que no ordena jurídicamente el ecosistema comunicacional, es proclive a atentar contra garantías constitucionales. La desinformación es un problema real, que no sólo le corresponde a los periodistas y a los diarios o al gobierno, es una problemática de la comunicación, que es más amplia y compleja y nos incumbe a los graduados.  Es posible hacer las cosas bien, es posible incluir los proyectos que regulen la actividad laboral de los diferentes trabajadores de la comunicación en su amplio espectro, clasificando a los que ejercen desde el oficio a la profesión. Es posible organizar a las empresas mediáticas para que garanticen una mayor transparencia y organización. Mientras no se aborden los problemas vinculados a la información y a la comunicación de manera integral, no habrá avances.  A todo esto surge una pregunta: ¿Quién determina qué es desinformación?

Una pregunta esencial, que estaría cerca de responderse de tener todos los marcos normativos necesarios como el nuevo Estatuto del Periodista, como una nueva ley de Medios o al menos una actualización de ella, si tuviéramos Colegios Profesionales para los graduados en Comunicación que puedan plantear una posición al respecto, si tuviéramos órganos de contralor etc. La desinformación no solo abarca temas políticos, es más compleja y llega más lejos de lo que un funcionario puede imaginar. 

Conceptos como “desinformación masiva”, “campañas coordinadas” o “manipulación de la opinión pública” requieren delimitaciones precisas y más cuando pueden derivar en penas de prisión. Esas definiciones  primeramente deben estar fundamentadas por profesionales que se abocan a la comunicación, la estudian académicamente. Luego junto a los abogados se avanza en la forma jurídica para entrar finalmente en los proyectos de ley que serán analizados por legisladores y tienen la posibilidad de aprobar o rechazar tales iniciativas. Esa es la forma, no en artículos aislados. 

La desinformación constituye uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Las redes sociales, la inteligencia artificial, los contenidos sintéticos, las operaciones coordinadas y la velocidad de circulación de mensajes todo eso afecta la conversación pública con una capacidad que hace apenas unas décadas resultaba inimaginable. Estamos de acuerdo en tratar de estos temas, pero lo hagamos seriamente, en los pasos indicados. Defender los derechos de Libertad de Expresión y la Libertad de prensa es una defensa a la cual estamos adheridos totalmente. Muchas opiniones no son agradables ni ajustadas a la verdad o al bien común, pero el país necesita reglas claras y consensuadas que marquen los parámetros para la gestión de la comunicación y la información. 

Cuanto más severa sea la pena prevista, mayor debe ser la precisión de la norma. La desinformación no se combate solamente con castigos. APROCOM viene sosteniendo que frente al crecimiento de las noticias falsas y de los contenidos manipulados existe otra herramienta fundamental: la profesionalización de la comunicación y el fortalecimiento de las fuentes institucionales confiables. Por eso, frente a la desinformación, también necesitamos más información pública, más transparencia, más trazabilidad de las fuentes y eso implica personal profesional.

Esta noticia vuelve a demostrar algo que venimos señalando desde hace tiempo: la comunicación institucional debe ser abordada más seriamente por el Estado. Gestionar información pública, interpretar escenarios comunicacionales, administrar contenidos institucionales, verificar fuentes, diseñar estrategias frente a la desinformación y a las tecnologías y comprender el impacto social de los mensajes requiere formación específica.

El comunicador profesional debe  y puede contribuir a construir instituciones capaces de informar con claridad, responsabilidad y transparencia. Su responsabilidad profesional debe estar vinculada con la calidad de la información pública, la ética, el derecho ciudadano a informarse y el respeto por la pluralidad. Por eso resulta paradójico que propongan cómo sancionar penalmente la desinformación mientras todavía existen organismos públicos que no reconocen suficientemente el carácter profesional y estratégico de la comunicación.La protección de la soberanía también se mide por la fortaleza de sus instituciones, por la calidad de su información pública y por la libertad con la que sus ciudadanos pueden expresarse, preguntar, investigar y disentir. Y allí los comunicadores profesionales tenemos una responsabilidad que asumir.

Por qué es hora de regular la profesión del comunicador social

En un tiempo donde las tecnologías avanzan y se torna accesible para todos, donde cualquier persona puede tener su programa de radio o canal de streaming y circula sin filtros y la opinión se disfraza de verdad, urge volver a discutir un tema: la necesidad de regular la profesión del comunicador social. Nunca fuimos tan libres para expresarnos, no se trata de cercenar voces, como algunos sectores argumentan, sino de preguntarnos en voz alta: ¿Qué valor se dará a se gradúe de una carrera universitaria vinculada a la comunicación?

La semana pasada Siprensal rechazó mediáticamente el proyecto de Ley propuesto en la legislatura por el diputado Gustavo Orozco para crear un Registro Provincial de Profesionales de la Comunicación. Un sindicato de prensa (de diseñadores gráficos o de locutores, de rrpp etc) no tienen incumbencias directas ni indirectas en proyectos que afectan el ejercicio profesional de comunicadores. Lo que constituye un claro avasallamiento y genera confusión  en el desarrollo de la carrera y la profesión de comunicar.

Regular no es censurar. Regular es reconocer. El periodismo como actividad laboral está regulado, la comunicación social como actividad laboral, no. Los legisladores tienen la responsabilidad de ver las diferencias así como se presentó en el caso de los masajistas y fisioterapeutas, oficio versus profesión, el periodismo es tratamiento de información, comunicación social es el enfoque de un proceso de retroalimentación que incluye emisor, destinatario, mensaje y canal desde la óptica de las ciencias humanísticas.

Los detractores de la profesionalización de los comunicadores apelan a la libertad de expresión como escudo. Pero confunden intencionalmente dos cosas distintas: la libertad de expresión no es ejercicio profesional. Que un docente haga un programa de radio es libertad de expresión, pero no puede diagnosticar una enfermedad pues su ejercicio profesional no está en el ámbito de la salud. 

Jerarquizar la profesión es darle valor a quienes estudian, se capacitan, investigan y comprenden el contexto, el lenguaje, la ética y la técnica detrás de cada palabra emitida. Hay espacio para todos. Ya no estamos en el comienzo del siglo XX donde la profesionalización era una utopía, estudiar y recibirse no es un insulto a la mente, es una elección para ejercer un trabajo con mejores herramientas. De esto estamos hablando en realidad.

Digamos abiertamente que la sociedad tiene derecho a una comunicación de calidad, y esa calidad solo se garantiza cuando detrás hay profesionales preparados. Regular la profesión del comunicador social no es limitar libertades, es fortalecerlas. Es, en definitiva, apostar por una democracia más informada, más consciente y más justa. 

Señores legisladores: debatan ideas y proyectos, escuchen puntos de vista, analicen y no se dejen presionar por la ignorancia y el miedo de quienes lucran con el negocio de la opinión pública en los medios. El periodista tiene su Estatuto (ley nacional 12908) que es una regulación de su profesión e incluye en su artículo 3 el texto: “Créase el Registro Profesional de Periodistas, en el que deberán inscribirse todas las personas comprendidas en las disposiciones de la presente ley. La inscripción será obligatoria para el ejercicio de la profesión y estará a cargo de la autoridad de aplicación." Que si no lo cumplen es un tema de los periodistas.

El tratamiento de las formas del mensaje dentro de un circuito es un acto de responsabilidad civil y social propio del profesional comunicador, el periodista no estudia audiencias, no aplica métricas, no evalúa resultados, no diseña, no posiciona marca, el comunicador si lo hace. Actualmente en cada espacio laboral el 69% de los trabajadores tiene un título académico relacionado a la comunicación o sus especialidades. Si el periodista profesional tiene su registro y matrícula, ¿acaso no es justo que el graduado comunicador lo tenga?.