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García Castiella cuestionó a los falsos periodistas 27/7/2026

El Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, en una entrevista sobre la causa Jimena Salas en Canal 11 la semana pasada, expuso el daño a la sociedad de los que desinforman. Esta causa judicial volvió a tener repercusión por dos aspectos, el posicionamiento del abogado de parte: Marcelo Arancibia y el redireccionamiento de un sector de la prensa. Cansado de las falsas informaciones que recibe este caso penal en la opinión pública, el procurador manifestó que estas acciones generan desconfianza hacia el sistema judicial.

Afirmó que " hoy cualquiera se sienta detrás de una máquina de escribir y cualquiera dice cualquier cosa y se considera periodista, salvo los que lo son". La descripción exacta de un panorama que no sorprende a nadie. El funcionario expresó una preocupación que no sólo afecta a una causa judicial en particular, las repercusiones mediáticas imprecisas pueden tener sobre las personas y sobre las instituciones un impacto no deseado.

Para Claire Wardle y Hossein Derakhshan “Desinformación es información falsa que se crea y difunde deliberadamente con la intención de causar daño a una persona, un grupo social, una organización o un país.” Estos autores distinguen tres categorías del "desorden informativo":

Desinformación: información falsa creada intencionalmente para causar daño.

Información errónea: información falsa compartida sin intención de engañar.

Malinformación: información verdadera utilizada fuera de contexto o manipulada para perjudicar.

Hace tiempo que APROCOM manifiesta su preocupación respecto a la expansión de la desinformación en trabajadores no profesionalizados que están en sectores mediáticos. Esta reflexión no se trata de querer controlar lo que dicen pues es imposible e innecesario, pero sí es posible relacionarse laboralmente con profesionales. La libertad de prensa que afecta sólo a los periodistas, tiene dos aspectos: brinda derechos pero también obligaciones en cómo ejercer. Cuando el Estado, que debe exigir idoneidad en toda actividad laboral, no lo hace en los trabajadores del espectro comunicacional, aparecen estas situaciones críticas. Episodios que vimos en otras áreas como en temáticas relacionadas a la vulneración de derechos de la niñez, donde no se analiza y se difunde sin importar las consecuencias. Acá no corresponde hablar de libertad de expresión, pues este concepto es universal, a los periodistas le corresponde hablar en términos de libertad de prensa que incluye la obligación de ejercer con calidad y objetividad. Ambas cualidades se obtienen por formación, por estudio y no por percepción. Esta libertad nunca debe confundirse con el derecho a difundir información sin verificar, a reemplazar los hechos por especulaciones o a convertir una opinión personal en una verdad publicada. Las sentencias no se reinterpretan a gusto personal.

Mientras el Estado siga pausando la toma de acciones ante las diversas problemáticas de la comunicación pública, más complejo le resultará poner en orden el ecosistema que alberga medios, trabajadores, políticos y sociedad. Un miembro destacado del Poder Judicial está señalando las debilidades en el tratamiento informativo de los medios ¿los otros poderes del Estado actuarán en consecuencia o dejarán pasar de largo sus palabras?. La desinformación es un problema que le corresponde al Estado afrontar.

En toda investigación judicial existen múltiples actores en juego: fiscales, familiares de la causa, defensores, querellantes y los abogados suelen desarrollar estrategias procesales y también comunicacionales que se manifiestan en los medios. Es natural que cada parte procure instalar su interpretación de los hechos, pues esa es su función dentro y fuera del proceso. Pero el periodista no solo debe tener conocimiento de la causa si va a realizar una entrevista sino que también no puede inclinar la balanza hacia ningún sector, debe informar hechos en contexto de veracidad. No puede convertirse en un amplificador de falsas versiones ni tomar el rol de autoridad mediante su “parecer". Su opinión personal nunca es relevante ni es de interés social, solo su opinión crítica del tema que trata. Esta entrevista fue reproducida por varios medios y ninguno tomó el guante de los últimos minutos, donde el procurador expresó su hartazgo respecto a los “falsos periodistas” y el perjuicio que ellos provocan a las instituciones.

La responsabilidad profesional comienza precisamente donde termina el interés de la fuente. Los abogados de parte pueden mediatizar su posición pero el deber periodístico de corroborar la información y poner claro sobre oscuro, no puede omitirse. El periodismo no está para confirmar prejuicios ni para alimentar el espectáculo por fama o rating. Está para ofrecer a la sociedad información contextualizada, comprobada y útil para la formación de una opinión pública libre.

La posición manifiesta del funcionario judicial no debería caer en el vacío, cada uno de los tres poderes ha sufrido malas experiencias con este tipo de prensa no profesional. Una prensa que choca con el real sentido de la labor que impone buenas formas, prudencia y objetividad en la investigación y expresión de la información. El funcionario y el político que trabaja para el estado provincial o municipal sabe que esto es cierto y aún así lo toleran.

APROCOM es el único sector que señala constantemente que la excelencia profesional no se somete a la percepción, es una cuestión objetiva y verificable. Otras asociaciones y sindicatos, integran a profesionales y mediocres sin distinción, ganando adeptos pero perjudicando a la sociedad que se merece excelencia. No es atacar la libertad de expresión ni el derecho a trabajar de estos periodistas no profesionales, es pretender que una actividad comunicacional se realice con preparación y responsabilidad. La obligación del Estado no puede seguir postergando acciones que pueden ir contribuyendo a una mejor comunicación pública.

Hoy cualquier persona puede publicar contenido. Eso es una consecuencia natural de la democratización de las plataformas digitales. Pero el Estado no puede avalar que cualquiera actúe como periodista, o a cualquiera se llame comunicador o locutor, custodiar el ejercicio profesional de quienes estudian y se titulan es su responsabilidad aún cuando los legisladores sigan dilatando la regulación profesional que encuadre a cada sector. El periodismo implica mucho más que escribir, grabar o transmitir. Significa asumir responsabilidades profesionales y comprender que cada información difundida puede afectar derechos, reputaciones y procesos institucionales. La confianza del público no se obtiene por autoproclamarse periodista. Se construye con rigor académico, honestidad intelectual y responsabilidad.

El Estado observa este panorama, hasta el próximo escándalo mediático que podrá incluir la afectación del honor de alguien, la desinformación o la presión o manipulación mediante una entrevista o un parte de prensa. Sigamos participando.

Día del Periodista: Hábito o habito. 9/6/26

Un acento puede cambiar el significado de una palabra. Así el término "hábito" se refiere a una práctica adquirida por repetición o una vestimenta, a diferencia de habito, del verbo habitar. De igual modo, quienes ejercen el periodismo, lo habitan o lo llevan por hábito, marcando la diferencia entre los que son y parecen ser. Esta actividad laboral celebró con diversas actividades su día y se presenta de manera dual: como oficio o como profesión lo que evidencia un amplio espectro que va de la excelencia a la no excelencia. Ya sin su viejo estatuto, no hay un órgano de contralor para el sector, como lo hay en otros países como Venezuela, Costa Rica, Bolivia o Chile. Porque señores legisladores: existen los colegios de periodistas y comunicadores.

Esta noble actividad que nació en el país con altos estándares representado por Mariano Moreno: lo hizo para informar a la población sobre los actos de gobierno, difundir ideas políticas y promover el debate público. Mientras los medios fueron pocos, la maestría periodística estaba garantizada pues sus propietarios buscaban calidad y tenían a los mejores periodistas, pero con la apertura tecnológica y la concesión masiva de frecuencias de radio y televisión, ya no era la calidad la meta sino llenar espacios con lo que esté a disposición.

La semana pasada tres situaciones en el ámbito judicial y legislativo dieron marco referencial al día del periodista, por un lado el juez Carlos Mahiques, que denunció una persecución mediática a su persona y propuso sancionar a sus pares por suministrar información a periodistas. La molestia del juez derivó en proponer a sus pares, elaborar un reglamento que sancione éticamente como una falta grave, el intercambio de información. El segundo caso es el de la jueza María Veronica Michelli cuyo vínculo familiar con el periodista Alconada Mon, aparentemente pondría en peligro su designación pues no sería del agrado del presidente Milei. Y finalmente el ex juez de la Corte Suprema: Juan Carlos Maqueda, que al recibir una distinción en días pasados, señaló que la libertad de prensa está "muy acechada". Todos estos hechos vuelven a replantear el cómo se ejerce esta actividad laboral.

Mahiques olvida que las sanciones éticas le corresponde a los colegios profesionales y que aunque Adepa y Fopea señalen “que no se puede colegiar a los periodistas” la verdad es que hay países que cuentan hace años con regulación para esta actividad. No hay nada nuevo que descubrir. Olvida también el fallo de la Corte Suprema del año 1987, que señala “que quien ejerce funciones públicas se expone voluntariamente al examen de sus actos y, por ello, debe tolerar un mayor grado de crítica”. El juez que pertenece a uno de los brazos del Estado y es parte de la aplicación de la ley olvida que dentro de las tres incumbencias periodísticas (informar, investigar y opinar) es esta última la que no queda anclada en su totalidad al 100% en la objetividad. Se declaró víctima de desprotección diciendo que: “Los jueces y funcionarios, carecemos de toda protección legal frente a la crítica exacerbada, el escarnio y el escrache, pues todo suele quedar impune bajo el tinglado protector de la libertad de expresión o de la garantía de ‘preservación de las fuentes’”.

APROCOM señala que la opinión periodística no es la opinión personal, sino aquella formada desde el pensamiento crítico que es “la capacidad de analizar, evaluar e interpretar información, ideas, argumentos o situaciones de manera reflexiva y fundamentada antes de emitir un juicio o tomar una decisión.

No consiste en criticar por criticar, sino en examinar los hechos con rigor, cuestionar supuestos, identificar evidencias y considerar diferentes perspectivas para llegar a conclusiones razonables. Ahora bien, en tiempos de desinformación intencional, de publicaciones falsas o inexactas, de inteligencia artificial, de múltiples medios y trabajadores, la comunicación pública que es una prerrogativa del Estado delimitar, no lo hace y opta por enfrentamientos verbales injustificados. Precisar los parámetros profesionales se tornan necesarios.

Las democracias modernas requieren más transparencia y no menos. Requieren instituciones abiertas al escrutinio público y ciudadanos informados para ejercer plenamente sus derechos. La confianza social en la Justicia, en los gobiernos y en los medios no se construye restringiendo la circulación de información, sino fortaleciendo los mecanismos de acceso, rendición de cuentas y comunicación institucional. Los profesionales de la comunicación, sean periodistas, comunicadores sociales, relacionistas públicos o especialistas en comunicación institucional, tienen la responsabilidad de actuar con ética y rigor. Y estos valores los preserva y custodia un colegio profesional, responsable de distinguir entre los que habitan la profesión de quienes lo usan como hábito, pues como bien dice el dicho “el hábito no hace al monje”.

28 de Mayo día del ceremonial argentino

Tras el grito revolucionario del 25, el ceremonial argentino surge para organizar los actos públicos, dar autoridad al Estado y construir identidad nacional. Esta disciplina está influenciada por la práctica militar, la sutileza diplomática y las tradiciones españolas: A veces por desconocimiento, con ciertos comportamientos se va en contra de esta construcción de 216 años de historia argentina. El ceremonialista trabaja por lo tanto para que cada acto, cada funcionario y cada invitado esté encuadrado en el lugar que le corresponde.

De Mayo hasta Agosto los meses patrios imponen agenda en cada lugar del país y estos compromisos históricos, para quienes tienen cargos representativos obligan a estar al frente de los mismos. Lamentablemente esta semana el Solemne Tedeum (Solemne: proviene del latín solemnis, relacionado con aquello que era oficial, ritual o ceremonial) tanto en Salta como en Buenos Aires tuvo sus “bemoles”.

Salta no cuenta con su propia ley que reglamente el ceremonial (se siguen lineamientos de presidencia), tenerlo permitiría poder manejar de mejor forma muchos aspectos organizativos como las precedencias, saber por ejemplo quién reemplaza al vicegobernador si no va al Tedeum. La improvisación va en contra de la construcción de un acto. Una norma jurídica protocolar no solo abarca a los funcionarios sino también afecta los símbolos (patrios o culturales).

Hace días, un artículo del diario La Nación publicó sobre el pedido del Concejo Municipal de Rosario para trasladar la histórica Bandera de Macha al Monumento Nacional a la Bandera de Rosario poniendo en escena un tema que trasciende lo museológico: el valor simbólico de los emblemas patrios y la necesidad de regulaciones claras para su preservación, exhibición y ceremonial. La nota dejó entrever que “Salta podría reclamar al MHN los uniformes de Martín Miguel de Güemes y Entre Ríos, el poncho de Justo José de Urquiza.”

La bandera de Macha, conservada desde 1896 en el Museo Histórico Nacional, hoy es objeto de un debate que enfrenta historia, federalismo y ceremonial institucional. Rosario sostiene que, por ser la cuna de la bandera, la insignia debería exhibirse en el Monumento Nacional a la Bandera, mientras especialistas advierten sobre los riesgos de trasladar piezas históricas y sobre el precedente que ello podría generar para otros bienes patrimoniales.

Detrás de este artículo periodístico aparece una cuestión de fondo: los símbolos patrios o los culturales de cada región, no deberían quedar librados a decisiones políticas de turno: que eligen trasladar, quitar o guardar símbolos. Necesitan marcos normativos claros, permanentes y consensuados. Allí es donde el ceremonial adquiere un rol central. El ceremonial es parte de la comunicación institucional. Organiza el modo en que el Estado representa sus valores, preserva su memoria y transmite identidad colectiva.

Una bandera no es solamente una tela: es la expresión visible de una identidad histórica, cultural y política. Por ello, la bandera nacional, como símbolo supremo del Estado y de la unidad colectiva, posee una jerarquía protocolar que tradicionalmente regula su acompañamiento con otros emblemas oficiales. Sin embargo, la presencia creciente de banderas que representan comunidades o colectivos, como la bandera del orgullo LGBTQ+ y la Wiphala, ha abierto un debate en ciertos sectores que ya no puede ignorarse. Cuando estos símbolos comparten espacios ceremoniales con el pabellón nacional, e incluso en algunos casos ocupan lugares reservados al símbolo patrio, surge la necesidad de preguntarnos si ha llegado el momento de establecer una regulación clara sobre la precedencia y el uso protocolar de los nuevos emblemas sociales y culturales, a fin de evitar interpretaciones arbitrarias, reducir conflictos y preservar el respeto institucional hacia los símbolos nacionales.

La falta de normativa también afecta a muchos de los municipios salteños que cuentan con su bandera y sus escudos y ante el vacío jurídico, su aplicación está condicionada por decisiones de sus respectivos intendentes. Algunos funcionarios en vez de utilizar los símbolos tradicionales del municipio, imponen logos personales en su reemplazo. Ambos pueden coexistir, no es uno o lo otro. Algunas banderas o escudos fueron realizadas en marco de un concurso de estudiantes (que carecen de conocimientos de vexilología y heráldica o estudios históricos) y su realización no exalta acabadamente la imagen del municipio. Y también hay símbolos valiosos y hermosos como el escudo de la ciudad de Salta, que duerme un sueño profundo.

El conocimiento y la decisión institucional en el uso de la simbología es vital para dar relevancia a una intendencia, una provincia o una nación. Salta es rica en historia y tradición, esta combinación nos permite a los ceremonialistas trabajar en la preservación o la creación de nuevas ceremonias. Si tenemos una mirada turística esto enriquece la región pues el visitante busca representaciones, si el objetivo es institucional o social, nada mejor que un acto bien programado y cuidado en sus distintos elementos.

Por eso, en el Día del Ceremonial, resulta oportuno reflexionar sobre los puntos pendientes que aún existen, por lo pronto, en nuestra provincia. Salta todavía no cuenta con una normativa integral propia que regule el ceremonial y protocolo de los tres poderes del Estado y mucho menos los múltiples estados municipales. Esa ausencia genera improvisaciones, olvidos y una evidente dispersión institucional.

La discusión sobre la Bandera de Macha demuestra justamente que los símbolos requieren no sólo emoción patriótica, sino también regulación institucional. El ceremonial debe dejar de ser visto como un detalle accesorio. Regular el ceremonial no significa burocratizar los actos; significa cuidar los símbolos, ordenar la representación institucional y fortalecer el respeto por nuestra historia. Porque cuando el ceremonial está ausente, las instituciones comunican desorden. Pero cuando existe una política ceremonial clara, el Estado transmite respeto, coherencia e identidad colectiva.

Amenazas en las escuelas

Un fenómeno digital que demanda nuevas estrategias institucionales

EEUU es el país que tiene actualmente entre el 70 y el 80% de casos mundiales sobre tiroteos en establecimientos educativos, pero a partir del caso en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas High School en 2018 miles de establecimientos. comenzaron a recibir amenazas falsas de tiroteo difundidas por redes sociales.

Las intimidaciones en las escuelas fueron indagadas, entre otras ópticas desde un enfoque comunicacional, vinculado a la cultura digital y al reconocimiento social. El contenido digital influye a todas las generaciones, edades y grupos sociales afectandolos de distintas maneras. Los profesionales que investigaron estos casos descubrieron que la mayoría de las amenazas no buscaban ejecutar un ataque, sino llamar la atención, generar miedo, obtener notoriedad y provocar interrupciones escolares.

Uno de los enfoques comunicacionales que se aplicaron a estos casos fue la “Teoría del Contagio Social” donde la amenaza actúa como un mensaje estimulador que se replica haciéndose viral: estudiantes imitan la conducta, aumenta el número de amenazas y se genera una “epidemia comunicacional”.

La Comunicación Social llega a toda la sociedad a través de múltiples canales, estrategias y procesos, que se van actualizando, el sector infanto juvenil es un público activo y muy participativo en los contenidos mediáticos, interesado en ser parte de lo viral. Creer que los alumnos solo se ven afectados por el ambiente familiar y social tradicional es ignorar el poder de la pantalla, preocuparse sólo por su rendimiento académico ya es insuficiente. Entre muchas disciplinas que trabajan a la par de la Educación está la Comunicación Social que es parte interesada, pero viene siendo ignorada hace mucho tiempo. El Estado en general tiene dificultades en reconocer nuestra injerencia en la temática, a pesar de las múltiples señales y eso obstaculiza que podamos sumar estrategias.

El ámbito del docente es dentro de la escuela y junto a la familia; el contenido mediático es un conjunto de enseñanzas que se imparten en una gran aula social y allí intervienen otras reglas que no maneja el docente. La pérdida del pensamiento crítico es notoria y gradual en varias franjas de las nuevas generaciones, los jóvenes pueden imitar agresiones, burlas o desafíos virales peligrosos sin entender a conciencia las consecuencias de sus actos. La violencia se normaliza cuando se vuelve viral, estimula recibir “likes” o cuando se transforma en espectáculo, agrada más que recibir un común “10 felicitado”. Prohibir celulares no es la solución y requisar mochilas, solo es una acción paliativa.

Desactivar estas “lecciones sociales” es posible, hace unos días la presidente del Colegio de Psicólogos de Salta manifestó que “Las redes van mucho más rápido que nosotros. Los chicos están varios pasos adelante de los adultos” y planteó la necesidad de educar en el uso de la tecnología tanto en las escuelas como en los hogares. “No se trata de prohibir, sino de enseñar para qué sirve y cómo usarla correctamente”, afirmó. A lo que Aprocom aclara que no es la rapidez tecnológica el problema o la diferencia entre generaciones de padres e hijos, sino la ausencia de mecanismos de acción comunicacional.

Frente a este escenario, se imponen recursos estratégicos que se pueden considerar para ejercer una mejor ciudadanía digital que tiene sus características y presentan problemáticas definidas que vinieron para quedarse. APROCOM entiende que las redes sociales no son plataformas tecnológicas inofensivas: son espacios donde circulan significados, emociones, identidades y reputaciones. En los casos de EEUU no se aplica una sola acción en los tiroteos en escuelas, tiene una política comunicacional sólida que respeta la libertad de expresión pero regula los medios, y establece mecanismos preventivos en casos de violencia, publicidad engañosa y difamación. La protección a menores es esencial.

Argentina tiene en EEUU un modelo y ante este problema puntual hay un aspecto en común: el contagio social, el uso intensivo de redes sociales y como factor diferencial: la arraigada cultura de posesión de armas. Hasta el momento el protocolo educativo no funcionó, el operativo policial no detuvo los casos, la presión mediática sólo dio validación a la conducta. Nuevos conflictos requieren nuevas respuestas, nuestras incumbencias profesionales están a disposición.

Modificar conductas sociales desde o mediante espacios mediáticos es incumbencia profesional de los graduados de la comunicación

El reciente proyecto referido a la prohibición o restricción sobre el acceso y uso de redes sociales y juegos en línea por parte de menores (de autoría de los diputados: Exeni, Taibo y Kripper), presentó en el debate algunos puntos para aclarar por parte de nuestro sector profesional.

La frase popular que dice “Cuanto más se prohíbe, más se desea* tiene sustento científico. Prohibir genera reactancia psicológica, es decir provoca que se resistan a la norma y desobedecer para hacer lo que se prohíbe. El “Efecto fruta prohibida" describe la situación perfectamente. Por regla general las prohibiciones sin otro acompañamiento no eliminan conductas: las vuelven más invisibles y más deseadas.

Coincidimos en preocuparnos por el consumo excesivo de contenidos digitales, no solo en niños y adolescentes como propicia el proyecto, debemos advertir que otras franjas etarias también tienen efectos contraproducentes en el comportamiento o en la seguridad y en el aprendizaje. Las redes sociales y los dispositivos celulares estimulan principalmente la sensación de libertad, genera distracción y brinda oportunidad de acciones múltiples. La Teoría de la Reactancia Psicológica, desarrollada por Jack W. Brehm, explica con claridad este fenómeno: cuando una persona percibe que su libertad está siendo restringida, experimenta una reacción interna que la impulsa a recuperar ese derecho perdido. En términos simples: cuanto más se prohíbe algo, más atractivo se vuelve. Y esto los comunicadores lo sabemos pues en nuestra formación académica en psicología social, estas interpretaciones ayudan a entender contextos.

La iniciativa de los diputados solicita también que “el Ejecutivo designe a la autoridad competente, la realización de campañas de concientización sobre el acceso y uso de redes sociales en menores”. Señores legisladores no existe en la provincia o en nación tal organismo, las dependencias de prensa y comunicación solo cubren a sus funcionarios y salvo decisión de ellos se hacen o no, no hay responsabilidad directa de hacer esas campañas. Lo que invita a reflexionar ¿A dónde fueron todas esas campañas de concientización promovidas por la legislatura provincial?. Ellas se realizan apelando a la voluntad de algunos sectores y no todas pueden llamarse campañas de concientización pues no son diseñadas por un profesional competente y tampoco contienen los elementos indispensables para llamarse de esa manera.

Allá por el 2013, distintos sectores educativos en el país promovían el uso del celular como herramienta para innovar y mejorar los procesos de aprendizaje. Con el paso del tiempo, la realidad mostró que el impacto de las tecnologías digitales requiere un abordaje mucho más amplio e interdisciplinario. La educación cumple un rol en la formación dentro del aula, los profesionales de la psicología, psicopedagogía y sociología aportan miradas valiosas desde sus respectivas áreas. La Justicia, por su parte, actúa dentro del marco de las leyes vigentes. Sin embargo, la concientización social y el diseño de campañas comunicacionales que ustedes mencionan requieren de especialistas en Comunicación Social, capaces de planificar estrategias de prevención, educación y sensibilización frente a los desafíos del entorno digital..

Desde APROCOM sostenemos que el consumo digital excesivo en menores no puede abordarse desde miradas prohibitivas o respuestas restrictivas. Se trata de una problemática profundamente comunicacional, vinculada a la construcción de hábitos, consumos culturales, estímulos permanentes y estrategias de persuasión mediática que impactan diariamente sobre niños y adolescentes.

Por eso lamentamos que, una vez más, la Legislatura de Salta impulse iniciativas vinculadas al ecosistema digital sin convocar de manera central a los profesionales de la comunicación. Resulta llamativo que, frente a fenómenos originados en contenidos, plataformas, dinámicas mediáticas y procesos de influencia social, se siga relegando a quienes poseen competencia directa.. Los diputados Kripper y Hucena mencionaron como actores principales a profesionales sanitarios, educativos y a las familias. Todos ellos cumplen un rol importante y complementario, pero no son quienes tienen formación específica en diseño de mensajes, construcción de campañas de concientización, análisis de audiencias, impacto mediático ni estrategias de prevención comunicacional. Cuando hay un incendio, no se convoca primero a quienes reconstruirán la casa, sino a los bomberos para intervenir sobre el foco del problema.

La primera acción legislativa necesaria es reconocer y visibilizar el rol profesional de la Comunicación Social en estos tipos de proyectos. Cada profesión tiene su especialidad y esto es una declaración objetiva. Si bien el Congreso tiene sus competencias nacionales, las provincias también poseen amplias facultades para legislar, promover campañas preventivas, coordinar políticas públicas y generar marcos institucionales propios. Sólo hace falta la decisión política. En ese sentido, las leyes siempre son más útiles y transformadoras que las simples declaraciones o proyectos de resolución.

La Libertad de Prensa no siempre incluye credibilidad y confianza

El 3 de mayo se evocó el día Mundial de la Libertad de Prensa y si bien algunos suelen confundirse con la libertad de expresión, conceptualmente no son lo mismo: la primera es solo para periodistas y medios de comunicación y la segunda afecta a la totalidad de las personas. Desde el primer momento el gobierno nacional tuvo roces con el sector periodístico, no pudiendo hasta la fecha resolver satisfactoriamente el problema. Cuando el conflicto es general la solución también lo es

Cualquier actividad laboral profesional en el país enmarca dos cuestiones: quién puede ejercer y cuáles serán los criterios de ese trabajo. Por ejemplo para trabajar en el ámbito de la salud, la educación o la Justicia, ejercen los que se forman y titulan, luego el Estado reglamenta cómo será la actuación profesional.

Los periodistas argentinos tienen ya especificado el cómo a través de tres acciones laborales delimitadas: informar, opinar e investigar. La cualidad de todas ellas es la “prudencia”. Y además cuentan con jurisprudencia que orienta el criterio periodístico.

En la información se sigue por ejemplo la doctrina Campillay (Campillay vs. La Razón) allí la Corte Suprema estableció que un medio no responde por difundir información potencialmente dañosa si cumple al menos uno de estos requisitos:

✔️ Citar la fuente de la información

✔️ Usar modo potencial (ej: “habría ocurrido”)

✔️ Omitir la identificación directa de la persona

Otra doctrina de las varias al respecto, es la de “Real Malicia” fallo Patitó vs. Diario La Nación (jurisprudencia inspirada en EEUU) que dice que un periodista solo responde si: “sabía que la información era falsa, o actuó con desprecio temerario por la verdad.”

En cuanto a la investigación, el fallo Costa vs. Editorial Atlántida fija otro criterio clave para investigaciones:

✔️verificar fuentes

✔️contrastar versiones

✔️no publicar sin mínimos controles

O el fallo Morales Solá vs. Estado Nacional, tan vigente en estos días, que establece: ”las investigaciones sobre asuntos públicos tienen máxima protección constitucional y los funcionarios deben tolerar mayor escrutinio”.

En la opinión periodística la subjetividad es protagonista pero el valor de la verdad no está excluido, su legitimidad depende de su anclaje en hechos verificables y de su contribución al debate público, no de la desinformación o el agravio infundado.

El fallo Patitó vs. Diario La Nación determina los parámetros donde debe moverse la opinión periodística: no puede basarse en hechos falsos o inexistentes. El fallo Kimel vs. Argentina, refuerza la protección de expresiones sobre temas de interés público y señala que las sanciones al periodismo deben ser excepcionales.

A estos lineamientos jurídicos referidos a cómo debe ser el trabajo periodístico, todavía el Estado no ha determinado los requisitos para ser periodista y eso es fundamental. No es un tema menor pues: odiar a los periodistas no cambia la realidad. Si hablamos de profesionalizar hacemos referencia a toda persona con formación académica sólida y con adhesión a códigos de ética pues así se manejan actualmente los colegios de periodistas en Suramérica.

En el país coexisten tres categorías de “periodistas”

✔️ El profesional directo que se tituló de periodismo o alguna carrera vinculada a la comunicación y hace periodismo

✔️ El profesional que se recibió de cualquier carrera (abogado, médico etc.) y hace periodismo.

✔️ El de oficio, que aprendió la tarea periodística pero no completó estudios básicos (primaria y secundaria) o no completó una tecnicatura o la universidad.

Los colegios profesionales de periodistas y de comunicadores cumplen funciones clave: regulación ética, defensa laboral, promoción de estándares de calidad, representación institucional del sector etc.

Estas organizaciones fortalecen tanto a los periodistas como a la sociedad, al garantizar mejores prácticas informativas. No es verdad cuando ciertas instituciones afirman que “No se puede colegiar a los periodistas” pues la realidad es verificable. No es el Estado el que controla la actividad periodística, son los colegios profesionales y como norma esto se cumple en cualquier área profesional.

El Estado administra y así delega responsabilidades del ejercicio profesional, complementando con el control de policía de trabajo.

La libertad de prensa no solo es hablar de censura sino también de precarización laboral, de

desinformación o la confusión entre opinión e información. El derecho de la sociedad en confiar y creer en la objetividad del periodista debe partir primero por la acción de un Estado que garantice qué periodista es, quien dice ser.

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