El diseño de un medio no es neutral, busca captar y mantener la atención de una audiencia. 9/9/2026

Tim Wu es un abogado y escritor, reconocido por haber popularizado el concepto de “neutralidad de la red” y por sus investigaciones sobre tecnología, medios de comunicación, concentración empresarial y economía de la atención. Fue él quien dijo “Casi todas las partes de nuestra vida están siendo explotadas comercialmente para captar nuestra atención.” Wu desarrolla el concepto de “mercaderes de la atención”: desde la prensa y la radio hasta la televisión, Internet y las redes sociales, los medios compiten por atraer, retener y comercializar la atención de las audiencias.

Hace pocos días en EE.UU, un “mercader de la atención”: Meta, que es la empresa matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger, entre otros productos, perdió un histórico juicio y fue multada. Básicamente tendrá que modificar parte del funcionamiento de sus redes sociales para usuarios niños y adolescentes con el objetivo de reducir el tiempo de pantalla, entre otras cosas. El acuerdo judicial es un hecho histórico que solo se circunscribe a esa población dejando a los menores de los demás países en total vulnerabilidad. Este cambio se produce a raíz de numerosas denuncias colectivas que reflejan daños fehacientes en generar adicción o daños en la salud mental de los niños y jóvenes.

Argentina también ha emprendido acciones legales contra Meta pero en menor medida y por otros daños: suplantación de identidad, perfiles falsos, privacidad,etc.

Lo que podemos dejar en claro es que las redes sociales, por su diseño, en las mentes en estadio de formación como las de menores de edad y en aquellos que atraviesan circunstancias de vulnerabilidad, los convierten en un público de fácil captación para contenidos o acciones que no son propicios para su edad o integridad

“Si Estados Unidos responsabiliza a las plataformas por el daño que su diseño puede causar a los menores, ¿quién controla ese mismo diseño cuando Facebook e Instagram son utilizados por niños y adolescentes argentinos?” Antes de responder esta pregunta, entendamos que el país del norte hace tiempo ha tomado al ecosistema de la Comunicación y a sus trabajadores en contextos regulatorios que permiten el cumplimiento de la ley y avanzar ante las problemáticas actuales. Muy diferente a nuestro país, donde falta claridad, actualización de leyes y organismos federales y provinciales de aplicación y contralor. Incluso países hispanoamericanos como Costa Rica, Venezuela, Bolivia o Brasil ya cuentan con leyes para responder a las problemáticas actuales desde la comunicación.

Las provincias argentinas hace tiempo realizan algunas acciones, que en general actúan desde las consecuencias y no de manera preventiva. Ambos direccionamientos se complementan ante la situación pero requieren profesionales diferentes para su tratamiento.

Los programas “aulas libres de celulares” o “Aprendé a desconectarte” son algunas de las iniciativas que llegaron hace años para intentar frenar la excesiva permanencia ante las pantallas. Los resultados de las mismas no han demostrado datos positivos. Trabajar desde las consecuencias, es decir cuando el hecho se ha producido (niños con armas en las escuelas, bullying, trata etc) comprenderá todas las acciones que se consideren convenientes con la multiplicidad de profesionales disponibles.

Salta tiene como política pública promover y enseñar a usar mejor el celular, pero no políticas integrales para enseñar a usarlo menos. Aquí vale una aclaración: todas las acciones preventivas, son tareas propias del licenciado en Comunicación. Y mucho más de un Colegio Profesional de Comunicadores, que puede aplicar varias líneas de acción para integrarlas en entornos escolares, familiares, mediático e inclusive podría incorporar en su Código de Ética Profesional un capítulo sobre infancias y entornos digitales.

Regular y organizar una profesión no solamente protege a sus profesionales; también permite poner ese conocimiento especializado al servicio de problemas sociales concretos.

Meta podrá mejorar los algoritmos, verificar edades, bloquear cuentas, limitar horarios y utilizar inteligencia artificial para detectar comportamientos sospechosos. Pero ningún algoritmo puede reemplazar completamente una capacidad humana que debería desarrollarse mucho antes de que un niño abra su primera cuenta en una red social: el pensamiento crítico de controlar las pantallas y comprenderlas

La alfabetización mediática no es incumbencia directa del docente sino del graduado en comunicación. En una sociedad atravesada por pantallas, redes sociales e inteligencia artificial, necesitamos incorporar decididamente la alfabetización mediática e informacional.

Las provincias tienen responsabilidades centrales en la gestión de sus sistemas educativos, existe una enorme oportunidad para avanzar. Esto no se encara incorporando más licenciados en comunicación al Ministerio de Educación (cosa que celebramos pues son nuevas oportunidades laborales para colegas) la adicción a las pantallas y las consecuencias en la vida escolar se enfrenta desde un Colegio de Comunicadores que articule una mancomunidad de recurso humano propio y externo.

Este 9 de septiembre, Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques, y en vísperas del 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, las fechas nos interpelan más allá de las conmemoraciones. Argentina atraviesa una realidad preocupante: abandono escolar, dificultades crecientes para comprender textos y problemáticas que afectan seriamente el bienestar de niños y adolescentes. En este escenario, la comunicación no puede ser considerada un aspecto secundario: es una herramienta fundamental para prevenir, educar, generar conciencia y fortalecer los vínculos sociales.

La comunicación es nuestra formación, nuestra especialidad y nuestra incumbencia profesional. Por eso volvemos a plantearlo: permítannos constituir un Colegio Profesional de Comunicadores. No buscamos solamente organizar una profesión; queremos poner nuestros conocimientos y capacidades al servicio de la sociedad, articulando con Educación, Salud y las demás instituciones para contribuir, desde la comunicación, a enfrentar problemáticas que nos involucran a todos. Porque cuando los desafíos son colectivos, también deben serlo las respuestas.

La doble vara también es noticia. 28/08/2026

Cuando se produjo el exabrupto de Florencia Peña porque había anunciado la muerte del padre de Messi prematuramente, toda la opinión pública y sobre todo el arco mediático fue implacable. Pero cuando un canal prestigioso como TN, en su horario central y con periodistas como Jonny Viale y Franco Mercuriali hicieron público un video hecho con IA en donde se decia que se “iba a violar a Nico Paz” el silencio hizo más ruido y esa complicidad es preocupante.

El abuso sexual en cualquiera de sus formas, es una problemática en Argentina para el cual se destina muchos recursos del Estado para abordarla. Coincidimos en que cuando se trata sobre informaciones de este tono, se espera que los que trabajan en un medio se caractericen por ser respetuosos y prudentes.

La Asociación del Fútbol Argentino presentó en estos días una denuncia penal contra los periodistas Jonatan Viale y Franco Mercuriali. La inteligencia artificial llegó para quedarse y eso no se cuestiona, puede ayudarnos a producir, investigar, editar, crear imágenes y desarrollar nuevas formas de comunicación. Pero ninguna innovación tecnológica puede convertirse en un recurso para romper con todo aquello que debería distinguir a un profesional: el criterio, la ética y la responsabilidad sobre las consecuencias de lo que transmite. Mientras esto acarrea las consecuencias legales correspondientes, es indispensable observar otro aspecto del comportamiento mediático de algunos de sus miembros. Incitar a una violación, en este caso hacia un hombre, es inadmisible en cualquier ciudadano y más cuando esa persona se desempeña profesionalmente como periodista en un canal de televisión de primera línea. Periodistas que cubren los femicidios más terribles, agresiones de todo tipo y en tono de “broma” la violación es motivo de risa.

Hasta el momento no hubo un pronunciamiento institucional público de ningúna asociación u organismo que representa a estos trabajadores, que habitualmente promueven el derecho a la libre expresión pero difícilmente reconozcan malos comportamientos de sus miembros. Organismos que van en contra de las colegiaturas profesionales de los graduados en comunicación y de cualquier legislación que los regule. APROCOM REPUDIA esta falta de ética profesional mediante el uso de la IA y más en un medio de trayecto nacional y profesionales que por su posición mediática, son referencia en su comportamiento social.

Será la Justicia la encargada de determinar si existió delito y, en su caso, quiénes tienen responsabilidad penal. Mientras tanto APROCOM señala que existe una discusión urgente que corresponde a los poderes del Estado y a nosotros como profesionales de la comunicación. La cuestión ética en los medios y en los trabajadores de la comunicación, nos atraviesa y requiere no solo un colegio profesional que atienda las cuestiones que se presentan sino organismo estatales ante quienes elevar nuestras preocupaciones. La clásica premisa de los medios tradicionales “informar, educar y entretener” otorga en los trabajadores mediáticos un peso extra: ser referentes, predicar con el ejemplo, custodiar el lenguaje y preservar los valores comunes.

Entonces cabe formular una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué mensaje transmitimos cuando periodistas utilizan esas mismas herramientas para convertir una agresión sexual en un recurso humorístico en un medio comunicacional? Si reclamamos que jóvenes utilicen la inteligencia artificial por hacer lo mismo, resulta difícil justificar que profesionales adultos conviertan una referencia a la violación, también mediante IA, en un contenido televisivo pretendidamente humorístico.

Recordemos dos casos recientes:

Caso UNSa mayo de 2026. Estudiantes de la Facultad de Humanidades denunciaron que compañeros utilizaron fotografías reales tomadas de sus redes sociales para generar con inteligencia artificial desnudos falsos y publicarlos en sitios para adultos. La causa llegó a tener dos estudiantes imputados y la Universidad se constituyó como querellante y actuó en consecuencia..

Caso Pellegrini y Nacional Buenos Aires julio de 2026. Alumnos secundarios fueron denunciados por utilizar IA para crear imágenes falsas de compañeras desnudas, hacerlas circular e incluso comercializarlas. La investigación llegó a involucrar a alrededor de 50 menores y motivó la intervención de la Justicia y la activación de protocolos institucionales por violencia de género.

Las circunstancias y las eventuales responsabilidades jurídicas no son necesariamente iguales. Pero existe un denominador común que merece ser discutido: las instituciones obraron en consecuencia para proteger la dignidad de la persona afectada pero cuando en un medio se produce la vulneración de derechos ¿Qué consecuencias hay ante este accionar?. La IA no crea una zona sin derecho, los graduados en comunicación requerimos legislación que nos reconozca como profesionales, recursos, capacitación para acompañar el avance tecnológico desde la formación académica. Solo así podemos acompañar este siglo XXI que impone nuevos paradigmas.

APROCOM es una pequeña asociación profesional de provincia, sin dinero ni auspicios, pero la única que señala la imperiosa necesidad de garantizar a la sociedad una comunicación profesional y organizada, con deberes y derechos.

Nuestro ordenamiento jurídico ya contiene herramientas que permiten proteger derechos aun cuando las tecnologías avancen más rápidamente que las leyes específicas sobre inteligencia artificial. Pero no hay aplicación hacia quienes trabajan en contextos mediáticos y ese es un tema pendiente. Aquí aparece una vieja discusión que APROCOM viene planteando.

Actualmente las empresas pueden aplicar o no, sus propias normas internas, en el caso Vacarella (imputado por tenencia de pornografía infantil) el conductor fue retirado de la programación, porque se entendió que su imagen dañaba al medio y todo lo que representa, pero en el caso que involucra un programa de TN y a dos reconocidos periodistas, no hubo ni consecuencias. Un Colegio Profesional no justifica su existencia para censurar opiniones o para decidir qué puede decir un periodista ni controlar la libertad de expresión. Está para acompañar, fortalecer instituciones, continuar con la investigación científica, señalar que la ética profesional es una construcción de la comunidad de comunicadores y garantizar a la sociedad un contenido responsable y estético. Establecer estándares de ejercicio profesional, promover buenas prácticas, capacitar, recibir planteos éticos y, dentro de las competencias que establezca la ley, reprochar conductas incompatibles con las obligaciones profesionales de quienes se encuentran bajo su matrícula.

En comunicación seguimos teniendo enormes dificultades para concientizar al respecto, porque una conducta puede no constituir un delito y, sin embargo, resultar éticamente reprochable desde el ejercicio profesional. No podemos exigirles a los adolescentes lo que los adultos no practicamos. Hablamos de ciudadanía digital, consentimiento, privacidad y responsabilidad. No podemos sostener un discurso para las escuelas y otro para los medios.

Si queremos enseñar que la inteligencia artificial debe utilizarse responsablemente, quienes trabajan profesionalmente con la comunicación deberían ser los primeros obligados a comprender sus límites. Porque la IA podrá inventar voces, cuerpos, situaciones y acontecimientos.Lo que todavía no puede fabricar es responsabilidad, esa continúa siendo exclusivamente humana.

Profesión y ocupación no es lo mismo. 19/08/2026

La imputación por tenencia de pornografía infantil a Gustavo Vacarella puso una cuestión que desde APROCOM hace tiempo trabajamos en concientizar: no toda persona que aparece frente a una cámara es periodista, no todo conductor es locutor y no toda persona que comunica es, por ese solo hecho, un profesional de la comunicación. En la difusión de una causa judicial, distintos medios se refirieron a esa persona imputada utilizando indistintamente como sinónimos las expresiones “periodista” y “comunicador”, cuando lo correcto era definirlo como conductor de televisión, presentador o animador. La diferencia entre profesión y ocupación.

Producida la información nos comunicamos con los jefes responsables de algunos de esos medios que difundieron la nota para señalar el error. Lo positivo fue que, al conversar sobre el tema y recordar las diferencias entre profesión, título, incumbencias y ocupación, hubo mayoritaria receptividad: se revisaron los conceptos y muchas publicaciones fueron modificadas en ese aspecto. Los medios tienen una responsabilidad particular en este sentido, construyen referencias sociales mediante el lenguaje y multiplican mensajes y cuando estos mensajes están mal, subsanar el error no siempre es posible. Cuando una noticia identifica a alguien como médico, abogado, arquitecto, psicólogo o ingeniero, lo razonable es que exista algún fundamento para atribuir esa condición. Con las profesiones vinculadas a la comunicación debe aplicarse el mismo criterio. ¿Por qué habría de ser diferente?

Si desde la misma Justicia surge que una persona es integrante de una profesión sin serlo, el efecto de esa asociación agrava la confusión social hacia todo un colectivo profesional. Así como el imaginario popular carga en los abogados con el mote de ‘cuervos’ y a los periodistas con el estigma de ‘corruptos’ o “ensobrados” resulta indispensable identificar quién es quién antes de atribuir una profesión a alguien que ni siquiera pertenece a ella. El problema no se enmarca solo a los medios, también puede observarse en el mismo ámbito judicial, donde escritos, resoluciones, actuaciones o declaraciones pueden reproducir denominaciones profesionales sin detenerse a comprobar si una persona efectivamente posee determinada condición: si es periodista, comunicador, locutor, conductor, productor u otra figura vinculada a los medios. La Justicia no solo comunica, crea jurisprudencia y cuando no verifica o no distingue la diferencia entre un comunicador o un periodista, difícilmente pueda quejarse cuando un “periodista de verdad o un periodista que se percibe” no trate la información como corresponde si no reconoce quien es quien.

Hace no mucho tiempo, en el 2023 en Formosa hubo una acción judicial entre un intendente contra un periodista, allí el Superior Tribunal de Justicia determinó que “la calidad de periodista se define por la actividad que desarrolla la persona y no por la tenencia de algún tipo de grado, tal como lo define la ley 12.908” (Estatuto del Periodista ya derogado). Una valoración desacertada pues se supone, los argentinos debemos ajustarnos a la ley, sin excepción, además las carreras de periodismo existen hace unos 40 años en el país. No decimos que un ingeniero o un abogado se definen por la actividad que desarrolla la persona sino que dice la ley respecto a quien es ingeniero o abogado.

La Corte de esa provincia en el escrito lo llamó periodista y comunicador social de forma indistinta como si fueran sinónimos o actividades idénticas. El jefe comunal lo acusaba de actuar como falso profesional y auto declararse periodista, ejerciendo actos propios, sin estar matriculado o registrado en el Círculo de Periodistas, cuando el Estatuto define que es un periodista y habla de matrícula. La causa se identificó como “Jofré, Jorge Antonio s/ Querella por calumnias e injurias c/ Ríos, Evelio”

Este caso refleja varios aspectos en los cuales instamos a reflexionar: la necesidad de leyes de ejercicio profesional actuales para todas las profesiones vinculadas a la comunicación, la calidad de periodista no se define por la actividad que desarrolla y un periodista jamás puede ser un comunicador social aunque un comunicador social sí puede ser periodista.

Más que confundir una profesión observamos que la Justicia en general no tiene en claro la diferencia entre las profesiones de la comunicación y las ocupaciones de ese espectro laboral. La sociedad no confunde a un ingeniero de un arquitecto, ni un docente de un psicopedagogo pero si a un comunicador de un periodista.

Las organizaciones profesionales como APROCOM debemos señalar estas diferencias y manifestar las consecuencias de esta falta de claridad. Cuando la ley no acompaña los cambios de la comunicación y la Justicia no distingue funciones y responsabilidades, los conflictos dejan de ser una excepción para convertirse en una consecuencia.

Habiendo medios con muchos graduados en comunicación y conociendo a la persona protagonista de la información, se pudo corregir. Esta situación nos hizo reflexionar en la necesidad de una organización profesional superior que acompañe con más contundencia a los profesionales y a las instituciones pues la comunicación avanza a pasos agigantados.

Corregir una palabra no es censurar una noticia ni coartar la Libertad de Expresión y eso quedó claro en este caso. Tampoco implica defender a la persona involucrada ni intervenir sobre el contenido de una investigación judicial. Es exigir precisión. APROCOM valora que todos los medios contactados hayan escuchado el planteo, reflexionado sobre esta cuestión y corregido sus publicaciones. Rectificar no disminuye la calidad periodística; por el contrario, demuestra responsabilidad profesional. Sin embargo también observamos que en medios no profesionales como “agencias periodísticas de redes sociales” de las que se desconoce las personas que lo llevan adelante, continuaron reproduciendo el error. Durante demasiado tiempo dejamos pasar por alto estos falsos sinónimos. “Está en televisión, entonces es periodista”. “Tiene un micrófono, entonces es comunicador”. “Conduce un programa, entonces es locutor”. Y no es así.

La realidad profesional es bastante más compleja. En tiempos en los que debatimos sobre desinformación, credibilidad y responsabilidad de los medios, también debemos ocuparnos de esas “pequeñas” imprecisiones que, repetidas durante años, terminan convirtiéndose en conceptos aparentemente verdaderos. Las palabras construyen identidad. Las profesiones también tienen nombre. Y llamar a cada cosa por su nombre es, quizá, una de las formas más elementales de comenzar a comunicar con responsabilidad.

No distinguir entre periodista, comunicador, conductor, productor de contenidos u opinador no es una cuestión semántica: implica confundir funciones, responsabilidades y alcances profesionales.

Las tres principales rutas de la pauta publicitaria.

Medios, trabajadores y políticos. 11/08/26

Cuando no se puede ver bien qué sujeto deja unas pisadas en el camino, a veces su rastro dice mucho. Entiéndase que hablar de este tema conlleva mucho más que un par de hojas, pero para empezar trabajar desde los conceptos básicos pueden marcar el rumbo de las ideas. La pauta publicitaria es un presupuesto con dinero de los ciudadanos para crear comunicación pública que beneficie a la sociedad y debe estar estructurada bajo dos cimientos que podemos llamar: Ética y Profesionalismo. Hace unos meses los concejales libertarios accedieron al informe que detalla los gastos de la pauta publicitaria de la Municipalidad de Salta. La información generó algunas declaraciones, entrevistas y opiniones de dirigentes políticos, aunque a decir verdad, difícilmente haya sorprendido a quienes conocemos el funcionamiento de los medios y la relación que históricamente mantienen con el poder de turno. Todos los gobiernos en sus diferentes jurisdicciones, suelen blindar estos datos con una resistencia incompatible con la claridad que debe regir el manejo de los recursos públicos.

La pauta no es dinero privado ni es un fondo disponible para cualquier cosa por parte de los gobiernos de turno. Son fondos aportados por la ciudadanía entre otras cosas mediante impuestos y con destino específico, en principio, para comunicar actos de gobierno, campañas sanitarias o de concientización, servicios, emergencias y políticas públicas. Por esa razón, su asignación debería estar expresada en consignas objetivas actuales, públicas, verificables y profesionales. Criterios que el Estado o no sabe, no puede o no quiere determinar. Mientras el manejo de estos fondos continúe siendo un mecanismo sin rumbo, las sospechas de falta de transparencia se seguirán afianzando. Las principales tres rutas de la pauta (aunque no las únicas) son: trabajadores de medios, empresarios y personajes de la política. Todos se agrupan a su vez en dos perfiles de beneficiarios: los selectos y los colaterales. Los primeros son forzosos, aquellos que no se les puede decir que no y los otros, aquellos que son prescindibles.

Cuando el Estado es reticente a mostrar cuánto paga, a quién le paga, por qué concepto y bajo qué decisiones seleccionan a los beneficiados, deja abierta la puerta a toda clase de interpretaciones, además de dilapidar un valioso recurso en utilizar correctamente el presupuesto aprobado. La opacidad es el terreno más fértil para el favoritismo. Y hay varios favoritos: los que utilizan la información a conveniencia como una mercancía. Quien controla la información tiene capacidad de influir en el poder y esta afirmación está científicamente comprobada hace tiempo. Actualmente la Pauta sostiene muchos proyectos alejados de la finalidad y del sentido de utilidad propia de la comunicación pública. Que un gobierno otorgue pauta a cambio de la difusión de un spot no es la mejor gestión. Cuando se la otorga, no solo importa a quien se la da, sino que resultados se consigue gracias a ella, el Estado no está del todo consciente de que fiscalizar es su responsabilidad. Instaurar criterios y verificar la calidad comunicacional en la contraprestación, son razones principales para cuidar el crecimiento desproporcionado de este presupuesto.

Habiendo aclarado algunos conceptos iniciales, debemos decir que los medios de difusión son la base de expresión de la comunicación. Son ante todo un sector empresarial, su labor no persigue intereses altruistas como cuidar el planeta o rescatar a los vulnerables, sino ganar dinero en base a su oferta informativa y de entretenimiento. Dos construcciones artísticas y profesionales que merecen toda la atención de APROCOM pues impactan en las audiencias y afectan al sector que representamos. El factor económico es vital para sostener cualquier emprendimiento incluso el canal o la emisora de radio. Bajo esa estructura: la información, la publicidad, la producción audiovisual son las habilidades fundamentales para crear y sostener el perfil de un medio y le aporta valor. En las primeras décadas del siglo XX esto se delegaba en profesionales y por el acceso a las tecnologías, hoy muchos pueden escribir una información, grabar una publicidad o editar un video, pero esas habilidades no te hacen profesional, pues hace falta el conocimiento que sostiene la formulación del mensaje. Estas tres disciplinas se han profanado con el tiempo afectando no sólo al medio y a los graduados, sino al Estado que es responsable de proteger la calidad comunicacional de las diferentes audiencias. En este contexto la pauta se distribuye como agua derramada.

El Estado está para crear las condiciones favorables para el mejor funcionamiento de la educación pública, la obra pública, la salud pública y también la comunicación pública, dentro de las cuales habita el sector empresario. Ellas deben contener un recurso valioso: información objetiva, publicidad profesional y productos audiovisuales idóneos. Cuando no hay leyes, cada medio dispone sus reglas, no siempre adecuadas para la audiencia. Entendiendo que hay un abanico de medios que trabajan en condiciones y medios que no ¿El Estado debe auspiciar vulgaridades, mentiras, comportamientos amenazadores, en forma de información de quienes mediante el micrófono presionan por más dinero público?. La situación de los medios y personal en la capital salteña a diferencia del interior es abismal y requiere un tratamiento profesional en consecuencia. La pauta no es salario, un medio es organizativamente una empresa comercial. La falta de legislación propicia el trabajo en negro, anula la posibilidad de crecimiento profesional o hacer carrera. Un gran porcentaje de trabajadores sobrevive o vive con lo justo sin perspectivas de futuro. Y este panorama el funcionario ṕublico no lo ve.

Dentro de un medio confluyen trabajadores profesionales y trabajadores sin formación, políticos como propietarios y también como conductores de programas o como “periodistas”. También hay testaferros. Medios con y sin licencia, tradicionales o digitales y transversalmente la pauta avanza como una bola de nieve. Para poder avanzar con seriedad es imperativo no solo tener datos para poder diagnosticar y determinar el mejor rumbo, sino entender que es posible poner un punto final y empezar en el siguiente renglón con un texto más ordenado. Porque de nada sirve señalar cuántos millones cobra por pauta fulano o mengano si no establecemos los valores en lo que se construirá un presupuesto serio para la comunicación pública. Hasta ahora el único valor predominante es decisión arbitraria

García Castiella cuestionó a los falsos periodistas 27/7/2026

El Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, en una entrevista sobre la causa Jimena Salas en Canal 11 la semana pasada, expuso el daño a la sociedad de los que desinforman. Esta causa judicial volvió a tener repercusión por dos aspectos, el posicionamiento del abogado de parte: Marcelo Arancibia y el redireccionamiento de un sector de la prensa. Cansado de las falsas informaciones que recibe este caso penal en la opinión pública, el procurador manifestó que estas acciones generan desconfianza hacia el sistema judicial.

Afirmó que " hoy cualquiera se sienta detrás de una máquina de escribir y cualquiera dice cualquier cosa y se considera periodista, salvo los que lo son". La descripción exacta de un panorama que no sorprende a nadie. El funcionario expresó una preocupación que no sólo afecta a una causa judicial en particular, las repercusiones mediáticas imprecisas pueden tener sobre las personas y sobre las instituciones un impacto no deseado.

Para Claire Wardle y Hossein Derakhshan “Desinformación es información falsa que se crea y difunde deliberadamente con la intención de causar daño a una persona, un grupo social, una organización o un país.” Estos autores distinguen tres categorías del "desorden informativo":

Desinformación: información falsa creada intencionalmente para causar daño.

Información errónea: información falsa compartida sin intención de engañar.

Malinformación: información verdadera utilizada fuera de contexto o manipulada para perjudicar.

Hace tiempo que APROCOM manifiesta su preocupación respecto a la expansión de la desinformación en trabajadores no profesionalizados que están en sectores mediáticos. Esta reflexión no se trata de querer controlar lo que dicen pues es imposible e innecesario, pero sí es posible relacionarse laboralmente con profesionales. La libertad de prensa que afecta sólo a los periodistas, tiene dos aspectos: brinda derechos pero también obligaciones en cómo ejercer. Cuando el Estado, que debe exigir idoneidad en toda actividad laboral, no lo hace en los trabajadores del espectro comunicacional, aparecen estas situaciones críticas. Episodios que vimos en otras áreas como en temáticas relacionadas a la vulneración de derechos de la niñez, donde no se analiza y se difunde sin importar las consecuencias. Acá no corresponde hablar de libertad de expresión, pues este concepto es universal, a los periodistas le corresponde hablar en términos de libertad de prensa que incluye la obligación de ejercer con calidad y objetividad. Ambas cualidades se obtienen por formación, por estudio y no por percepción. Esta libertad nunca debe confundirse con el derecho a difundir información sin verificar, a reemplazar los hechos por especulaciones o a convertir una opinión personal en una verdad publicada. Las sentencias no se reinterpretan a gusto personal.

Mientras el Estado siga pausando la toma de acciones ante las diversas problemáticas de la comunicación pública, más complejo le resultará poner en orden el ecosistema que alberga medios, trabajadores, políticos y sociedad. Un miembro destacado del Poder Judicial está señalando las debilidades en el tratamiento informativo de los medios ¿los otros poderes del Estado actuarán en consecuencia o dejarán pasar de largo sus palabras?. La desinformación es un problema que le corresponde al Estado afrontar.

En toda investigación judicial existen múltiples actores en juego: fiscales, familiares de la causa, defensores, querellantes y los abogados suelen desarrollar estrategias procesales y también comunicacionales que se manifiestan en los medios. Es natural que cada parte procure instalar su interpretación de los hechos, pues esa es su función dentro y fuera del proceso. Pero el periodista no solo debe tener conocimiento de la causa si va a realizar una entrevista sino que también no puede inclinar la balanza hacia ningún sector, debe informar hechos en contexto de veracidad. No puede convertirse en un amplificador de falsas versiones ni tomar el rol de autoridad mediante su “parecer". Su opinión personal nunca es relevante ni es de interés social, solo su opinión crítica del tema que trata. Esta entrevista fue reproducida por varios medios y ninguno tomó el guante de los últimos minutos, donde el procurador expresó su hartazgo respecto a los “falsos periodistas” y el perjuicio que ellos provocan a las instituciones.

La responsabilidad profesional comienza precisamente donde termina el interés de la fuente. Los abogados de parte pueden mediatizar su posición pero el deber periodístico de corroborar la información y poner claro sobre oscuro, no puede omitirse. El periodismo no está para confirmar prejuicios ni para alimentar el espectáculo por fama o rating. Está para ofrecer a la sociedad información contextualizada, comprobada y útil para la formación de una opinión pública libre.

La posición manifiesta del funcionario judicial no debería caer en el vacío, cada uno de los tres poderes ha sufrido malas experiencias con este tipo de prensa no profesional. Una prensa que choca con el real sentido de la labor que impone buenas formas, prudencia y objetividad en la investigación y expresión de la información. El funcionario y el político que trabaja para el estado provincial o municipal sabe que esto es cierto y aún así lo toleran.

APROCOM es el único sector que señala constantemente que la excelencia profesional no se somete a la percepción, es una cuestión objetiva y verificable. Otras asociaciones y sindicatos, integran a profesionales y mediocres sin distinción, ganando adeptos pero perjudicando a la sociedad que se merece excelencia. No es atacar la libertad de expresión ni el derecho a trabajar de estos periodistas no profesionales, es pretender que una actividad comunicacional se realice con preparación y responsabilidad. La obligación del Estado no puede seguir postergando acciones que pueden ir contribuyendo a una mejor comunicación pública.

Hoy cualquier persona puede publicar contenido. Eso es una consecuencia natural de la democratización de las plataformas digitales. Pero el Estado no puede avalar que cualquiera actúe como periodista, o a cualquiera se llame comunicador o locutor, custodiar el ejercicio profesional de quienes estudian y se titulan es su responsabilidad aún cuando los legisladores sigan dilatando la regulación profesional que encuadre a cada sector. El periodismo implica mucho más que escribir, grabar o transmitir. Significa asumir responsabilidades profesionales y comprender que cada información difundida puede afectar derechos, reputaciones y procesos institucionales. La confianza del público no se obtiene por autoproclamarse periodista. Se construye con rigor académico, honestidad intelectual y responsabilidad.

El Estado observa este panorama, hasta el próximo escándalo mediático que podrá incluir la afectación del honor de alguien, la desinformación o la presión o manipulación mediante una entrevista o un parte de prensa. Sigamos participando.

Día del Periodista: Hábito o habito. 9/6/26

Un acento puede cambiar el significado de una palabra. Así el término "hábito" se refiere a una práctica adquirida por repetición o una vestimenta, a diferencia de habito, del verbo habitar. De igual modo, quienes ejercen el periodismo, lo habitan o lo llevan por hábito, marcando la diferencia entre los que son y parecen ser. Esta actividad laboral celebró con diversas actividades su día y se presenta de manera dual: como oficio o como profesión lo que evidencia un amplio espectro que va de la excelencia a la no excelencia. Ya sin su viejo estatuto, no hay un órgano de contralor para el sector, como lo hay en otros países como Venezuela, Costa Rica, Bolivia o Chile. Porque señores legisladores: existen los colegios de periodistas y comunicadores.

Esta noble actividad que nació en el país con altos estándares representado por Mariano Moreno: lo hizo para informar a la población sobre los actos de gobierno, difundir ideas políticas y promover el debate público. Mientras los medios fueron pocos, la maestría periodística estaba garantizada pues sus propietarios buscaban calidad y tenían a los mejores periodistas, pero con la apertura tecnológica y la concesión masiva de frecuencias de radio y televisión, ya no era la calidad la meta sino llenar espacios con lo que esté a disposición.

La semana pasada tres situaciones en el ámbito judicial y legislativo dieron marco referencial al día del periodista, por un lado el juez Carlos Mahiques, que denunció una persecución mediática a su persona y propuso sancionar a sus pares por suministrar información a periodistas. La molestia del juez derivó en proponer a sus pares, elaborar un reglamento que sancione éticamente como una falta grave, el intercambio de información. El segundo caso es el de la jueza María Veronica Michelli cuyo vínculo familiar con el periodista Alconada Mon, aparentemente pondría en peligro su designación pues no sería del agrado del presidente Milei. Y finalmente el ex juez de la Corte Suprema: Juan Carlos Maqueda, que al recibir una distinción en días pasados, señaló que la libertad de prensa está "muy acechada". Todos estos hechos vuelven a replantear el cómo se ejerce esta actividad laboral.

Mahiques olvida que las sanciones éticas le corresponde a los colegios profesionales y que aunque Adepa y Fopea señalen “que no se puede colegiar a los periodistas” la verdad es que hay países que cuentan hace años con regulación para esta actividad. No hay nada nuevo que descubrir. Olvida también el fallo de la Corte Suprema del año 1987, que señala “que quien ejerce funciones públicas se expone voluntariamente al examen de sus actos y, por ello, debe tolerar un mayor grado de crítica”. El juez que pertenece a uno de los brazos del Estado y es parte de la aplicación de la ley olvida que dentro de las tres incumbencias periodísticas (informar, investigar y opinar) es esta última la que no queda anclada en su totalidad al 100% en la objetividad. Se declaró víctima de desprotección diciendo que: “Los jueces y funcionarios, carecemos de toda protección legal frente a la crítica exacerbada, el escarnio y el escrache, pues todo suele quedar impune bajo el tinglado protector de la libertad de expresión o de la garantía de ‘preservación de las fuentes’”.

APROCOM señala que la opinión periodística no es la opinión personal, sino aquella formada desde el pensamiento crítico que es “la capacidad de analizar, evaluar e interpretar información, ideas, argumentos o situaciones de manera reflexiva y fundamentada antes de emitir un juicio o tomar una decisión.

No consiste en criticar por criticar, sino en examinar los hechos con rigor, cuestionar supuestos, identificar evidencias y considerar diferentes perspectivas para llegar a conclusiones razonables. Ahora bien, en tiempos de desinformación intencional, de publicaciones falsas o inexactas, de inteligencia artificial, de múltiples medios y trabajadores, la comunicación pública que es una prerrogativa del Estado delimitar, no lo hace y opta por enfrentamientos verbales injustificados. Precisar los parámetros profesionales se tornan necesarios.

Las democracias modernas requieren más transparencia y no menos. Requieren instituciones abiertas al escrutinio público y ciudadanos informados para ejercer plenamente sus derechos. La confianza social en la Justicia, en los gobiernos y en los medios no se construye restringiendo la circulación de información, sino fortaleciendo los mecanismos de acceso, rendición de cuentas y comunicación institucional. Los profesionales de la comunicación, sean periodistas, comunicadores sociales, relacionistas públicos o especialistas en comunicación institucional, tienen la responsabilidad de actuar con ética y rigor. Y estos valores los preserva y custodia un colegio profesional, responsable de distinguir entre los que habitan la profesión de quienes lo usan como hábito, pues como bien dice el dicho “el hábito no hace al monje”.

28 de Mayo día del ceremonial argentino

Tras el grito revolucionario del 25, el ceremonial argentino surge para organizar los actos públicos, dar autoridad al Estado y construir identidad nacional. Esta disciplina está influenciada por la práctica militar, la sutileza diplomática y las tradiciones españolas: A veces por desconocimiento, con ciertos comportamientos se va en contra de esta construcción de 216 años de historia argentina. El ceremonialista trabaja por lo tanto para que cada acto, cada funcionario y cada invitado esté encuadrado en el lugar que le corresponde.

De Mayo hasta Agosto los meses patrios imponen agenda en cada lugar del país y estos compromisos históricos, para quienes tienen cargos representativos obligan a estar al frente de los mismos. Lamentablemente esta semana el Solemne Tedeum (Solemne: proviene del latín solemnis, relacionado con aquello que era oficial, ritual o ceremonial) tanto en Salta como en Buenos Aires tuvo sus “bemoles”.

Salta no cuenta con su propia ley que reglamente el ceremonial (se siguen lineamientos de presidencia), tenerlo permitiría poder manejar de mejor forma muchos aspectos organizativos como las precedencias, saber por ejemplo quién reemplaza al vicegobernador si no va al Tedeum. La improvisación va en contra de la construcción de un acto. Una norma jurídica protocolar no solo abarca a los funcionarios sino también afecta los símbolos (patrios o culturales).

Hace días, un artículo del diario La Nación publicó sobre el pedido del Concejo Municipal de Rosario para trasladar la histórica Bandera de Macha al Monumento Nacional a la Bandera de Rosario poniendo en escena un tema que trasciende lo museológico: el valor simbólico de los emblemas patrios y la necesidad de regulaciones claras para su preservación, exhibición y ceremonial. La nota dejó entrever que “Salta podría reclamar al MHN los uniformes de Martín Miguel de Güemes y Entre Ríos, el poncho de Justo José de Urquiza.”

La bandera de Macha, conservada desde 1896 en el Museo Histórico Nacional, hoy es objeto de un debate que enfrenta historia, federalismo y ceremonial institucional. Rosario sostiene que, por ser la cuna de la bandera, la insignia debería exhibirse en el Monumento Nacional a la Bandera, mientras especialistas advierten sobre los riesgos de trasladar piezas históricas y sobre el precedente que ello podría generar para otros bienes patrimoniales.

Detrás de este artículo periodístico aparece una cuestión de fondo: los símbolos patrios o los culturales de cada región, no deberían quedar librados a decisiones políticas de turno: que eligen trasladar, quitar o guardar símbolos. Necesitan marcos normativos claros, permanentes y consensuados. Allí es donde el ceremonial adquiere un rol central. El ceremonial es parte de la comunicación institucional. Organiza el modo en que el Estado representa sus valores, preserva su memoria y transmite identidad colectiva.

Una bandera no es solamente una tela: es la expresión visible de una identidad histórica, cultural y política. Por ello, la bandera nacional, como símbolo supremo del Estado y de la unidad colectiva, posee una jerarquía protocolar que tradicionalmente regula su acompañamiento con otros emblemas oficiales. Sin embargo, la presencia creciente de banderas que representan comunidades o colectivos, como la bandera del orgullo LGBTQ+ y la Wiphala, ha abierto un debate en ciertos sectores que ya no puede ignorarse. Cuando estos símbolos comparten espacios ceremoniales con el pabellón nacional, e incluso en algunos casos ocupan lugares reservados al símbolo patrio, surge la necesidad de preguntarnos si ha llegado el momento de establecer una regulación clara sobre la precedencia y el uso protocolar de los nuevos emblemas sociales y culturales, a fin de evitar interpretaciones arbitrarias, reducir conflictos y preservar el respeto institucional hacia los símbolos nacionales.

La falta de normativa también afecta a muchos de los municipios salteños que cuentan con su bandera y sus escudos y ante el vacío jurídico, su aplicación está condicionada por decisiones de sus respectivos intendentes. Algunos funcionarios en vez de utilizar los símbolos tradicionales del municipio, imponen logos personales en su reemplazo. Ambos pueden coexistir, no es uno o lo otro. Algunas banderas o escudos fueron realizadas en marco de un concurso de estudiantes (que carecen de conocimientos de vexilología y heráldica o estudios históricos) y su realización no exalta acabadamente la imagen del municipio. Y también hay símbolos valiosos y hermosos como el escudo de la ciudad de Salta, que duerme un sueño profundo.

El conocimiento y la decisión institucional en el uso de la simbología es vital para dar relevancia a una intendencia, una provincia o una nación. Salta es rica en historia y tradición, esta combinación nos permite a los ceremonialistas trabajar en la preservación o la creación de nuevas ceremonias. Si tenemos una mirada turística esto enriquece la región pues el visitante busca representaciones, si el objetivo es institucional o social, nada mejor que un acto bien programado y cuidado en sus distintos elementos.

Por eso, en el Día del Ceremonial, resulta oportuno reflexionar sobre los puntos pendientes que aún existen, por lo pronto, en nuestra provincia. Salta todavía no cuenta con una normativa integral propia que regule el ceremonial y protocolo de los tres poderes del Estado y mucho menos los múltiples estados municipales. Esa ausencia genera improvisaciones, olvidos y una evidente dispersión institucional.

La discusión sobre la Bandera de Macha demuestra justamente que los símbolos requieren no sólo emoción patriótica, sino también regulación institucional. El ceremonial debe dejar de ser visto como un detalle accesorio. Regular el ceremonial no significa burocratizar los actos; significa cuidar los símbolos, ordenar la representación institucional y fortalecer el respeto por nuestra historia. Porque cuando el ceremonial está ausente, las instituciones comunican desorden. Pero cuando existe una política ceremonial clara, el Estado transmite respeto, coherencia e identidad colectiva.

Amenazas en las escuelas

Un fenómeno digital que demanda nuevas estrategias institucionales

EEUU es el país que tiene actualmente entre el 70 y el 80% de casos mundiales sobre tiroteos en establecimientos educativos, pero a partir del caso en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas High School en 2018 miles de establecimientos. comenzaron a recibir amenazas falsas de tiroteo difundidas por redes sociales.

Las intimidaciones en las escuelas fueron indagadas, entre otras ópticas desde un enfoque comunicacional, vinculado a la cultura digital y al reconocimiento social. El contenido digital influye a todas las generaciones, edades y grupos sociales afectandolos de distintas maneras. Los profesionales que investigaron estos casos descubrieron que la mayoría de las amenazas no buscaban ejecutar un ataque, sino llamar la atención, generar miedo, obtener notoriedad y provocar interrupciones escolares.

Uno de los enfoques comunicacionales que se aplicaron a estos casos fue la “Teoría del Contagio Social” donde la amenaza actúa como un mensaje estimulador que se replica haciéndose viral: estudiantes imitan la conducta, aumenta el número de amenazas y se genera una “epidemia comunicacional”.

La Comunicación Social llega a toda la sociedad a través de múltiples canales, estrategias y procesos, que se van actualizando, el sector infanto juvenil es un público activo y muy participativo en los contenidos mediáticos, interesado en ser parte de lo viral. Creer que los alumnos solo se ven afectados por el ambiente familiar y social tradicional es ignorar el poder de la pantalla, preocuparse sólo por su rendimiento académico ya es insuficiente. Entre muchas disciplinas que trabajan a la par de la Educación está la Comunicación Social que es parte interesada, pero viene siendo ignorada hace mucho tiempo. El Estado en general tiene dificultades en reconocer nuestra injerencia en la temática, a pesar de las múltiples señales y eso obstaculiza que podamos sumar estrategias.

El ámbito del docente es dentro de la escuela y junto a la familia; el contenido mediático es un conjunto de enseñanzas que se imparten en una gran aula social y allí intervienen otras reglas que no maneja el docente. La pérdida del pensamiento crítico es notoria y gradual en varias franjas de las nuevas generaciones, los jóvenes pueden imitar agresiones, burlas o desafíos virales peligrosos sin entender a conciencia las consecuencias de sus actos. La violencia se normaliza cuando se vuelve viral, estimula recibir “likes” o cuando se transforma en espectáculo, agrada más que recibir un común “10 felicitado”. Prohibir celulares no es la solución y requisar mochilas, solo es una acción paliativa.

Desactivar estas “lecciones sociales” es posible, hace unos días la presidente del Colegio de Psicólogos de Salta manifestó que “Las redes van mucho más rápido que nosotros. Los chicos están varios pasos adelante de los adultos” y planteó la necesidad de educar en el uso de la tecnología tanto en las escuelas como en los hogares. “No se trata de prohibir, sino de enseñar para qué sirve y cómo usarla correctamente”, afirmó. A lo que Aprocom aclara que no es la rapidez tecnológica el problema o la diferencia entre generaciones de padres e hijos, sino la ausencia de mecanismos de acción comunicacional.

Frente a este escenario, se imponen recursos estratégicos que se pueden considerar para ejercer una mejor ciudadanía digital que tiene sus características y presentan problemáticas definidas que vinieron para quedarse. APROCOM entiende que las redes sociales no son plataformas tecnológicas inofensivas: son espacios donde circulan significados, emociones, identidades y reputaciones. En los casos de EEUU no se aplica una sola acción en los tiroteos en escuelas, tiene una política comunicacional sólida que respeta la libertad de expresión pero regula los medios, y establece mecanismos preventivos en casos de violencia, publicidad engañosa y difamación. La protección a menores es esencial.

Argentina tiene en EEUU un modelo y ante este problema puntual hay un aspecto en común: el contagio social, el uso intensivo de redes sociales y como factor diferencial: la arraigada cultura de posesión de armas. Hasta el momento el protocolo educativo no funcionó, el operativo policial no detuvo los casos, la presión mediática sólo dio validación a la conducta. Nuevos conflictos requieren nuevas respuestas, nuestras incumbencias profesionales están a disposición.

Modificar conductas sociales desde o mediante espacios mediáticos es incumbencia profesional de los graduados de la comunicación

El reciente proyecto referido a la prohibición o restricción sobre el acceso y uso de redes sociales y juegos en línea por parte de menores (de autoría de los diputados: Exeni, Taibo y Kripper), presentó en el debate algunos puntos para aclarar por parte de nuestro sector profesional.

La frase popular que dice “Cuanto más se prohíbe, más se desea* tiene sustento científico. Prohibir genera reactancia psicológica, es decir provoca que se resistan a la norma y desobedecer para hacer lo que se prohíbe. El “Efecto fruta prohibida" describe la situación perfectamente. Por regla general las prohibiciones sin otro acompañamiento no eliminan conductas: las vuelven más invisibles y más deseadas.

Coincidimos en preocuparnos por el consumo excesivo de contenidos digitales, no solo en niños y adolescentes como propicia el proyecto, debemos advertir que otras franjas etarias también tienen efectos contraproducentes en el comportamiento o en la seguridad y en el aprendizaje. Las redes sociales y los dispositivos celulares estimulan principalmente la sensación de libertad, genera distracción y brinda oportunidad de acciones múltiples. La Teoría de la Reactancia Psicológica, desarrollada por Jack W. Brehm, explica con claridad este fenómeno: cuando una persona percibe que su libertad está siendo restringida, experimenta una reacción interna que la impulsa a recuperar ese derecho perdido. En términos simples: cuanto más se prohíbe algo, más atractivo se vuelve. Y esto los comunicadores lo sabemos pues en nuestra formación académica en psicología social, estas interpretaciones ayudan a entender contextos.

La iniciativa de los diputados solicita también que “el Ejecutivo designe a la autoridad competente, la realización de campañas de concientización sobre el acceso y uso de redes sociales en menores”. Señores legisladores no existe en la provincia o en nación tal organismo, las dependencias de prensa y comunicación solo cubren a sus funcionarios y salvo decisión de ellos se hacen o no, no hay responsabilidad directa de hacer esas campañas. Lo que invita a reflexionar ¿A dónde fueron todas esas campañas de concientización promovidas por la legislatura provincial?. Ellas se realizan apelando a la voluntad de algunos sectores y no todas pueden llamarse campañas de concientización pues no son diseñadas por un profesional competente y tampoco contienen los elementos indispensables para llamarse de esa manera.

Allá por el 2013, distintos sectores educativos en el país promovían el uso del celular como herramienta para innovar y mejorar los procesos de aprendizaje. Con el paso del tiempo, la realidad mostró que el impacto de las tecnologías digitales requiere un abordaje mucho más amplio e interdisciplinario. La educación cumple un rol en la formación dentro del aula, los profesionales de la psicología, psicopedagogía y sociología aportan miradas valiosas desde sus respectivas áreas. La Justicia, por su parte, actúa dentro del marco de las leyes vigentes. Sin embargo, la concientización social y el diseño de campañas comunicacionales que ustedes mencionan requieren de especialistas en Comunicación Social, capaces de planificar estrategias de prevención, educación y sensibilización frente a los desafíos del entorno digital..

Desde APROCOM sostenemos que el consumo digital excesivo en menores no puede abordarse desde miradas prohibitivas o respuestas restrictivas. Se trata de una problemática profundamente comunicacional, vinculada a la construcción de hábitos, consumos culturales, estímulos permanentes y estrategias de persuasión mediática que impactan diariamente sobre niños y adolescentes.

Por eso lamentamos que, una vez más, la Legislatura de Salta impulse iniciativas vinculadas al ecosistema digital sin convocar de manera central a los profesionales de la comunicación. Resulta llamativo que, frente a fenómenos originados en contenidos, plataformas, dinámicas mediáticas y procesos de influencia social, se siga relegando a quienes poseen competencia directa.. Los diputados Kripper y Hucena mencionaron como actores principales a profesionales sanitarios, educativos y a las familias. Todos ellos cumplen un rol importante y complementario, pero no son quienes tienen formación específica en diseño de mensajes, construcción de campañas de concientización, análisis de audiencias, impacto mediático ni estrategias de prevención comunicacional. Cuando hay un incendio, no se convoca primero a quienes reconstruirán la casa, sino a los bomberos para intervenir sobre el foco del problema.

La primera acción legislativa necesaria es reconocer y visibilizar el rol profesional de la Comunicación Social en estos tipos de proyectos. Cada profesión tiene su especialidad y esto es una declaración objetiva. Si bien el Congreso tiene sus competencias nacionales, las provincias también poseen amplias facultades para legislar, promover campañas preventivas, coordinar políticas públicas y generar marcos institucionales propios. Sólo hace falta la decisión política. En ese sentido, las leyes siempre son más útiles y transformadoras que las simples declaraciones o proyectos de resolución.

La Libertad de Prensa no siempre incluye credibilidad y confianza

El 3 de mayo se evocó el día Mundial de la Libertad de Prensa y si bien algunos suelen confundirse con la libertad de expresión, conceptualmente no son lo mismo: la primera es solo para periodistas y medios de comunicación y la segunda afecta a la totalidad de las personas. Desde el primer momento el gobierno nacional tuvo roces con el sector periodístico, no pudiendo hasta la fecha resolver satisfactoriamente el problema. Cuando el conflicto es general la solución también lo es

Cualquier actividad laboral profesional en el país enmarca dos cuestiones: quién puede ejercer y cuáles serán los criterios de ese trabajo. Por ejemplo para trabajar en el ámbito de la salud, la educación o la Justicia, ejercen los que se forman y titulan, luego el Estado reglamenta cómo será la actuación profesional.

Los periodistas argentinos tienen ya especificado el cómo a través de tres acciones laborales delimitadas: informar, opinar e investigar. La cualidad de todas ellas es la “prudencia”. Y además cuentan con jurisprudencia que orienta el criterio periodístico.

En la información se sigue por ejemplo la doctrina Campillay (Campillay vs. La Razón) allí la Corte Suprema estableció que un medio no responde por difundir información potencialmente dañosa si cumple al menos uno de estos requisitos:

✔️ Citar la fuente de la información

✔️ Usar modo potencial (ej: “habría ocurrido”)

✔️ Omitir la identificación directa de la persona

Otra doctrina de las varias al respecto, es la de “Real Malicia” fallo Patitó vs. Diario La Nación (jurisprudencia inspirada en EEUU) que dice que un periodista solo responde si: “sabía que la información era falsa, o actuó con desprecio temerario por la verdad.”

En cuanto a la investigación, el fallo Costa vs. Editorial Atlántida fija otro criterio clave para investigaciones:

✔️verificar fuentes

✔️contrastar versiones

✔️no publicar sin mínimos controles

O el fallo Morales Solá vs. Estado Nacional, tan vigente en estos días, que establece: ”las investigaciones sobre asuntos públicos tienen máxima protección constitucional y los funcionarios deben tolerar mayor escrutinio”.

En la opinión periodística la subjetividad es protagonista pero el valor de la verdad no está excluido, su legitimidad depende de su anclaje en hechos verificables y de su contribución al debate público, no de la desinformación o el agravio infundado.

El fallo Patitó vs. Diario La Nación determina los parámetros donde debe moverse la opinión periodística: no puede basarse en hechos falsos o inexistentes. El fallo Kimel vs. Argentina, refuerza la protección de expresiones sobre temas de interés público y señala que las sanciones al periodismo deben ser excepcionales.

A estos lineamientos jurídicos referidos a cómo debe ser el trabajo periodístico, todavía el Estado no ha determinado los requisitos para ser periodista y eso es fundamental. No es un tema menor pues: odiar a los periodistas no cambia la realidad. Si hablamos de profesionalizar hacemos referencia a toda persona con formación académica sólida y con adhesión a códigos de ética pues así se manejan actualmente los colegios de periodistas en Suramérica.

En el país coexisten tres categorías de “periodistas”

✔️ El profesional directo que se tituló de periodismo o alguna carrera vinculada a la comunicación y hace periodismo

✔️ El profesional que se recibió de cualquier carrera (abogado, médico etc.) y hace periodismo.

✔️ El de oficio, que aprendió la tarea periodística pero no completó estudios básicos (primaria y secundaria) o no completó una tecnicatura o la universidad.

Los colegios profesionales de periodistas y de comunicadores cumplen funciones clave: regulación ética, defensa laboral, promoción de estándares de calidad, representación institucional del sector etc.

Estas organizaciones fortalecen tanto a los periodistas como a la sociedad, al garantizar mejores prácticas informativas. No es verdad cuando ciertas instituciones afirman que “No se puede colegiar a los periodistas” pues la realidad es verificable. No es el Estado el que controla la actividad periodística, son los colegios profesionales y como norma esto se cumple en cualquier área profesional.

El Estado administra y así delega responsabilidades del ejercicio profesional, complementando con el control de policía de trabajo.

La libertad de prensa no solo es hablar de censura sino también de precarización laboral, de

desinformación o la confusión entre opinión e información. El derecho de la sociedad en confiar y creer en la objetividad del periodista debe partir primero por la acción de un Estado que garantice qué periodista es, quien dice ser.

Profesión y ocupación no es lo mismo