Editorial

El Día del Locutor y el valor de la profesionalidad en los medios

Cada 3 de julio celebramos en Argentina el Día del Locutor, una fecha que honra a quienes con su voz, talento y formación le dan vida a la radio, la televisión y los medios digitales. Pero en APROCOM —la Asociación de Profesionales de la Comunicación— no podemos pasar por alto una realidad que afecta no solo a los locutores, sino al conjunto de quienes ejercemos la comunicación como profesión: la progresiva desvalorización del trabajo profesional en los medios de difusión.

La locución es una profesión. Se estudia, se perfecciona, se ejerce con matrícula habilitante, se ajusta a normas técnicas, lingüísticas y éticas. Sin embargo, aunque existe una matrícula oficial otorgada por el Estado, no hay control sobre su cumplimiento. Ningún organismo del Ministerio de Trabajo, ni nacional ni provincial, fiscaliza las condiciones laborales en radiodifusión ni vela por la exigencia del título habilitante. Es una paradoja: el Estado forma locutores profesionales pero permite, sin restricción alguna, que cualquier persona acceda al micrófono.

Desde 1990, con la desregulación progresiva del sector y en nombre de una libertad de expresión mal entendida, se debilitaron las exigencias profesionales. Lo que antes era un campo regulado, con estándares claros para proteger tanto a los trabajadores como a las audiencias, hoy es un territorio permisivo donde reina la precarización, la improvisación y, en muchos casos, la desinformación.

Reconocer a los locutores en su día implica mucho más que saludarlos con un mensaje institucional. Es reclamar con firmeza políticas públicas que dignifiquen su labor: condiciones de trabajo justas, controles que velen por el cumplimiento de la matrícula profesional, y una regulación que promueva la calidad en los medios de comunicación. La libertad de expresión no se opone a la profesionalización; al contrario, la necesita para garantizar pluralidad con responsabilidad y acceso a contenidos confiables.

Desde APROCOM reafirmamos nuestro compromiso con la profesionalización de la comunicación. Celebramos a cada locutora y locutor que, con ética y vocación, honra una profesión que merece ser reconocida, cuidada y fortalecida.

Porque sin profesionalismo, no hay verdadera comunicación.

3/7/2025

Manipular a través de la Inteligencia Artificial 

Un reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Zárate-Campana, marcó un hito en la interpretación del artículo 128 del Código Penal, al sostener que los contenidos digitales generados artificialmente, incluso sin víctimas reales identificadas, pueden causar un daño equiparable al de los materiales tradicionalmente considerados delictivos. Si bien este caso está relacionado con menores de edad y el mal uso de las tecnologías, todo lo que involucre la veracidad de los mensajes y la credibilidad es un tema de comunicación pública. Esta ampliación jurisprudencial plantea un imperativo ético y jurídico para toda la esfera política: el Estado ya no puede ser espectador pasivo ante estas prácticas, las haga quien las haga.

Desde APROCOM observamos un incremento de casos mediáticos que involucran la IA y nos interesa de forma particular aquellos, que como señalamos, integran la comunicación pública (que tiene competencia federal pero también responsabilidad provincial). El Estado debería actualizar sus reglas de relación ante quienes delinquen o falsean la realidad por medio de tecnologías y están vinculados a él, pues de no hacerlo, estaría  propiciando como válida, el engaño mediante la IA. Al predicamento constante de ir contra las Deep Fake, corresponden ya acciones en consecuencia.

Un caso reciente ha sido el de los dos diputados nacionales que utilizando IA realizaron videos engañosos, que no solo afectaron a terceros. Distorsionar la realidad mediante la IA u otras herramientas, es perjudicial para muchas personas, puede afectar la toma de decisiones, influenciar opiniones y estimular las operaciones fraudulentas que se utilizan por ejemplo, contra los adultos mayores. 

Suplantar la identidad o la realidad es cosa seria cuando se hace para provocar daño, como el caso de un joven estudiante cordobes que el año pasado reemplazó los rostros de un video porno por el de varias compañeras de curso, afectando la honorabilidad de las señoritas.

La gravedad de todos estos casos radica en que: cuando se torna mediático constituyen un ejemplo imitable, una conducta, una práctica habitual, si X persona lo hace y no hay consecuencias, cualquiera lo puede hacer pues está habilitado. Y aún más, la responsabilidad de los medios es estatal. Existen múltiples teorías y estudios en psicología social, comunicación y neurociencia que demuestran que “las conductas de líderes, figuras de autoridad o influencers son altamente imitables”. La teoría del aprendizaje social, el Modelo de Influencia Social, la Teoría del Cultivo por mencionar algunas.

El uso malintencionado de las tecnologías digitales en los medios de difusión (tradicionales y virtuales) no es parte de la libertad de expresión, sino constituye un abuso de una posición de poder y de confianza pública. Nadie está exento de ser víctima de un video engañoso: políticos, jóvenes que utilizan las redes sociales, abuelos estafados, pedófilos que captan niños, etc. Cuidar el contenido mediático es del Estado.

Legislar en consecuencia es imperativo: no se puede avalar a quienes (bajo su órbita) mienten, delinquen o distorsionan mensajes desde una situación de poder o confianza pública como si fuera una chanza. Hay varias medidas que se pueden considerar para marcar un límite y garantizar la transparencia de la comunicación. Desde regular la pauta publicitaria a tener una legislación actualizada en los cambios que nos afectan las tecnologías de la comunicación para velar por la protección de las diversas audiencias. Pero también lo es la profesionalización, categorizar a los trabajadores en sus incumbencias para fortalecer una práctica comunicacional saludable para todos.

10/07/2025